DIME QUIÉN FUISTE EN VIDA Y TE DIRÉ CUÁNTO IMPORTA TU MUERTE
Protesta en contra de la violencia a líderes sociales, Paula Valentina Zukin
Organizaciones de derechos humanos han mostrado un incremento de asesinatos a líderes y lideresas sociales y le hacen un llamado de emergencia al Gobierno Nacional para proteger estas vidas que trabajan por las comunidades y territorios.
Por: Paula Valentina Zukin
Human Rights Watch (HWR) expresó en un documento titulado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas”, como desde 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 400 líderes sociales, resaltando zonas como el Caguan, Pacífico, Cauca, Catatumbo y Arauca; territorios olvidados por el Estado. A lo que Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para derechos humanos, respondió que, Colombia si está trabajando incesantemente por proteger la vida de los líderes sociales, argumentando que disminuyeron aproximadamente en un 40% los homicidios a defensores en 2020 con relación al 2019.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que trabaja por la paz, por la vida y los derechos humanos, lleva un registro público y constantemente actualizado de nombre, fecha, región y tipo de líder social asesinado, que con fecha de corte al 3 de marzo se registran 31 asesinatos a líderes sociales y 10 hechos de violencia contra excombatientes firmantes de la paz, hasta el 18 de febrero.
Es increíble que en Colombia existan organizaciones en las que parte de su trabajo sea documentar un flagelo de violencia tan triste, indígnate y doloroso como este; y no porque este mal hacerlo, sino porque los resultados son usados como herramienta de confrontación a un gobierno silencioso y pasivo. Pero son aún más increíbles las respuestas que han salido del ejecutivo, que en algunas ocasiones se han limitado al lamento y dar el sentido pésame a los familiares y conocidos de las víctimas; pero en otras ocasiones el presidente o cabezas importantes de su gabinete se han esforzado para mostrarle al país que sus cifras difieren de las registradas por ONG que trabajan en pro de la defensa de derechos humanos, como en el 2020 cuando el presidente Duque, dijo que hasta octubre se habían registrado 49 asesinatos y que otros estaban siendo verificados, pero en la cuenta de Indepaz eran más de 200 excombatientes asesinados, más de 1.000 defensores de DD.HH. presentándose el mayor número de esos homicidios durante el actual Gobierno.
Realmente pueden ser horas de discusión para llegar a un consenso y estar de acuerdo con las cifras y estadísticas; y mientras que el primer mandatario presenta argumentos o excusas, el tiempo sigue corriendo, la violencia no para y más líderes están siendo asesinados. Pareciera que las únicas vidas que importan para el gobierno son las de policías y militares que mueren en medio del que hacer de sus funciones, o la de figuras importantes de la casta política colombiana que se detuvieron al contagiarse de Covid. La vida de este tipo de personajes sí amerita para la administración actual y la opinión pública ceremonias con honores, largos especiales biográficos, alertas de seguridad o salud; merecen ser llamados héroes y apasionados defensores de la patria; merecen incluso errores de conjugación sin espacio a críticas ni burlas, merecen un “así lo querí”.
En definitiva, no se trata de poner en tela de juicio los aportes de este tipo de personas o más bien cargos públicos de la nación, ni mucho menos de restar importancia, tristeza o dolor a sus muertes; se trata de sacudir al Gobierno y a nuestra propia conciencia para entender que las mujeres y hombres que se ponen en pie para liderar comunidades y defender territorios también aportan, quieren cambio, son héroes y heroínas y tienen seres queridos que desean verlos regresando a casa. Pero que lamentablemente ni Duque, ni su equipo se atreven a mirar y actuar en el problema.
Con el respeto que merecen los allegados a los soldados profesionales, Eder Manuel Almario Ramos y Alexi Alvarado Urieles; el exministro Carlos Holmes Trujillo y el patrullero Edwin Caro Gómez, hay cuestionamientos sobre la actuación del Gobierno a la hora de pronunciarse sobre sus muertes, en comparación de como lo ha hecho con los defensores de derechos humanos en los territorios y aquí quedan algunos de esos interrogantes: ¿si ellos hubiesen sido líderes sociales sus muertes tendrían tanta resonancia para el Estado? ¿El presidente hubiese preferido exaltar su trabajo en los medios de comunicación y usado el espacio para mostrar los avances y esfuerzos de su administración en combatir esta desgracia? ¡Por favor! Menos repuestas numéricas y porcentuales y más esfuerzo para que no sigan muriendo nuestros líderes sociales.
